Compartimos el documento de Política Cultural de Integración Centroamericana (PCIC), las directrices generales de los países centroamericanos, aprobada por los Ministros de Cultura de la región y ratificada por l@s president@s en 2011! Este documento busca darle algunos rumbos estratégicos, y nuevos sentidos conceptuales a las políticas culturales desde la perspectiva de cultura y desarrollo y con enfoque de integración regional.
Política Cultural de Integración Centroamericana (2012-2015 CECC-SICA)
martes, 15 de mayo de 2012
martes, 8 de mayo de 2012
Municipalidad de Lima capacitará en producción editorial
La e d i c i ó n r e n t a b l e
¿cómo seducir lectores que no leen?
El objetivo del seminario es ofrecer una visión panorámica del oficio del editor y de cómo hacer de él una actividad rentable y sostenible en el tiempo en medio de la competencia.
Días: 21, 22 y 23 de Mayo
Horarios:
10:00 am a 1:00pm
2:00pm a 5:00pm
Vacantes: 40 personas
El seminario estará dirigido por Sergio Vilela (Grupo Planeta para el Área Andina)
Inscripciones:
Los interesados escribir a lumendoza@munlima.gob.pe enviando su Cv y carta de motivación (incluir datos de contacto)
Pueden enviar sus datos hasta el jueves 17 de mayo.
La comunicación de aceptación a los postulantes seleccionados se realizará el día 18 de mayo.
Se entregarán certificados sólo a aquellas personas que asistan a los 3 días del seminario.
Para mayor información sírvase llamar al teléfono 315-1300, anexo 1717.
http://www.facebook.com/events/400830686617296/?notif_t=plan_user_invited
sábado, 5 de mayo de 2012
El norte está en Lima Norte
Este 23 y 24 de mayo se realizará el Encuentro Cultural “El norte está en Lima Norte” donde se desarrollarán conferencias, talleres y galerías de experiencia que abordaran los temas: patrimonio arqueológico, gestión cultural, políticas culturales y tecnologías. El principal objetivo del encuentro es generar un espacio de encuentro y diálogo entre artistas, asociaciones, colectivos e instituciones culturales interesadas en la relación entre "cultura y desarrollo" en Lima Norte.
La actividad está organizada por la Universidad de Ciencias y Humanidades y la Universidad Nacional de Ingeniería y contará con la participación de representantes de los municipios de Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, San Martín de Porres y Santa Rosa; así como de las universidades Católica Sede Sapientiae, César Vallejo, Privada del Norte, Cayetano Heredia y San Andrés
Lugar: Instalaciones de la UCH, ubicado en la Av. Universitaria 5175, cruce con Av. Panamericana Norte en Los Olivos.
Ingreso libre previa inscripción vía Web: http://www.uch.edu.pe/portal/encuentrocultural/
Mayor información: teléfonos 5285020 -5284228 anexo 269 o vía mail a cultura@uch.edu.pe
lunes, 26 de marzo de 2012
Seguimiento de la Implementación en el Perú de la Convención de Protección y Promoción de la Diversidad de Expresiones Culturales:
El Artículo 9 de la Convención de la UNESCO establece que las
Partes “proporcionarán cada cuatro años, en informes a la UNESCO , información
apropiada acerca de las medidas que hayan adoptado para proteger y promover la
diversidad de las expresiones culturales en sus respectivos territorios y en el
plano internacional”. Las 94 Partes de la Convención han iniciado el proceso de envío del
informe periódico a la
Secretaría de la Convención.
la Convención
desde el 2006, a
través del Ministerio de Cultura está obligado a presentar dicho informe que
expondrá las acciones desarrolladas en el proceso de implementación de la Convención. Perola
Convención , por qué el Estado peruano debe presentar un
informe a la UNESCO ,
sobre qué debe informar, para qué? ¿Cuál es el rol de la sociedad civil en este
tema? ¿Tenemos algo que ver en esto los gestores culturales, los artistas, los
agentes culturales y en general los ciudadanos?
Breve repaso a la movilización
en favor de la diversidad cultural
Larga ha sido la lucha por la generación de un instrumento
internacional conceptual y jurídico en salvaguarda de la diversidad cultural. La
tarea ha sido más que una travesía titánica en medio de una nebulosa y
torrencial fluidez conceptual. Desde las políticas de la UNESCO , el viaje se ha
caracterizado por encontrar y cimentar unos lenguajes comunes y significados
dialogantes sobre la cultura que permitan a la gobernanza mundial encontrar una
perspectiva de acción. Desde la institucionalidad cultural internacional, estos
momentos conceptuales han pasado más o menos por determinar y posicionar
significados y funcionalidades que se podría expresar brevemente así. En los años
50s y 60s el concepto de “identidad cultural” marcó especial interés en medio
de una creciente necesidad de encontrar límites y fronteras luego de una
conflagración mundial, la defensa de la perspectiva identidad cultural ayudó a
delimitar, restringir y facilitar procesos. Posteriormente, más o menos entre
las décadas 70s y 80s, se pasó por una definición concertada de “cooperación
cultural” y la vinculación de la perspectiva del “Desarrollo” a la mirada
cultural. En los 90s la afirmación del componente “democracia y cultura” fue ampliando
su mirada hacia encontrar en el “diálogo e interacción intercultural” una
perspectiva saludable en medio también de un entorno político cambiante y la
vuelta a la democracia de diversos países. Desde los 90s también y de cara a la
primera década del nuevo milenio, 2000-2010, la perspectiva de “diversidad
creativa”, “libertad cultural”, “políticas culturales de la gobernanza
mundial”, “Protección y Promoción de la diversidad cultural” fueron ganando
terreno. Como vemos, la dinámica del significado y las funciones asignadas a la
cultura desde el seno del foro internacional de la cultural, UNESCO, en la cual
también el Perú actúa y decide, ha fluido en una constante transformación,
ampliación y resignificación acorde también a las transformaciones de las
políticas de la gobernanza mundial.
Pues bien, para tener una mirada más a detalle de esta larga
lucha por la cultura, fluida y aún en construcción, detengámonos a detalle en
el capítulo más cercano. A inicios de los 90s, la búsqueda por una definición y
la generación de instrumentos claros y consensuados en el seno del foro
internacional, encontró su mejor impulso en el bache histórico producido por
los grandes intereses comerciales mundiales. A través de sus gobiernos
emblemáticos y la Organización Mundialla Organización Mundial de Comercio. Una gran
mayoría de países se pusieron de acuerdo para no comprometerse a liberalizar
los servicios y productos culturales, pero a falta de una exclusión total, el
asunto permanece sin resolver. Hasta que luego de diversas idas y venidas,
vaivenes y subeybajas, negociaciones, acciones y reorganizaciones, una movilización
social en defensa de la cultura se hace cada vez más latente y pone en acción a
través de sus gobiernos una contraofensiva que desembocó finalmente, el 21 de
mayo del año 2001 en el foro de la
UNESCO de la adopción de la Declaración Universal sobre Diversidad Cultural (todos los países miembro de UNESCO celebran
este día, en conmemoración de este hito histórico, como el Día Mundial de la Diversidad Cultural
para el Diálogo y el Desarrollo) y cuatro años más tarde, el 20 de octubre
del 2005, es adoptada la Convención
sobre la Protección
y Promoción de la Diversidad de las
Expresiones Culturales. Por primera vez los países a favor de las
políticas culturales dejan de estar a la defensiva y pueden tomar la
iniciativa. Lo que había empezado como una respuesta a una amenaza mundial, se
convierte en un instrumento de diálogo y entendimiento, de visibilización de
conceptos y perspectivas de acción claras en torno a la generación de políticas
culturales que defiendan nuestra diversidad cultural amenazada, por factores
externos (como es el caso de la situación coyuntural en la que nace la Convención 2005) y por factores
internos debido a la inacción de los Estados que no ven en la cultura su mejor
riqueza, su mejor generador y motor de desarrollo y tienen liberalizadas sus
economías a la influencia omnisciente de las transnacionales. Es así pues, como
un instrumento conceptual y jurídico se convierte en un hito más que importante,
indispensable, en la generación de políticas culturales para países con enormes
dificultades como el Perú.
Los beneficios de la
implementación de la
Convención en Perú
Nuestro país sería el caso más emblemático, en la región, de
los mejores beneficiados por contar con un instrumento fundacional que le ayude
en la generación de sus políticas culturales (que aún no termina por definir). El
Estado peruano a través de sus órganos competentes, observó la gran oportunidad
de formar parte en el cambio mundial hacia una gobernanza cultural y la
inclusión de la cultura en la resignificación del desarrollo sostenible, por
tanto, presentó a través de Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores
y su órgano representacional en el seno de la UNESCO , su instrumento de ratificación el 16 octubre
del año 2006. La Convención
entró en vigor el 18 de marzo de 2007, de conformidad con el Artículo 29. Las
posibilidades que representa para el Perú asumir la implementación de políticas
culturales partiendo de un marco conceptual maduro, reflexivo y consensuado
como la Convención
son positivos y ayudarían a desarrollar creativamente políticas en el fortalecimiento, protección y promoción de
sus enclenques industrias culturales (cine, libro, música, artes visuales,
moda, etc, etc) y todo servicio cultural desde una visión intercultural, de
diálogo cultural. Perú, uno de los últimos de la región en proclamar al más
alto nivel su institucionalidad cultural, (Ministerio de Cultura creado el
2010), tiene hoy la posibilidad de asumir el reto, diríamos con “empujón”. La
sociedad civil también tiene lo suyo en la implementación de la Convención. Tanto
gobierno y sociedad civil tienen corresponsabilidad en el éxito de la
generación de políticas culturales en el camino del desarrollo sostenible,
equilibrado con los otros aspectos como medio ambiente, economía y sociedad. Por
ello es importante recordar, en palabras del Profesor Ivan Bernier, catedrático
de la Facultad
de Derecho de la
Universidad Laval de la Ciudad de Québec algunas posibilidades de seguimiento de la
aplicación de la Convención por parte de:
"Seguimiento de la
aplicación de la Convención
por parte de los gobiernos
La aplicación de la Convención en el marco de cada una de las Partes
corresponde, en primer lugar, al Poder Ejecutivo. En la medida en que la noción
de seguimiento implica una mirada crítica sobre la aplicación, se puede
comprender que no siempre es fácil para este último hacer un juicio sobre sus
propias acciones, principalmente cuando goza de una discreción considerablemente
amplia en la interpretación del alcance de sus compromisos, como ocurre con los
compromisos llamados de "mejores esfuerzos". A pesar de todo, un seguimiento real dentro de
la estructura estatal es posible en la medida en que existan mecanismos que
permitan ejercer un control político sobre la acción gubernamental (es el caso
particularmente de los mecanismos que son de competencia del ejercicio del
Poder Legislativo – Congreso de la
República , Comisión de Cultura-, como las interpelaciones,
las comisiones parlamentarias, los comités, etc.). Este tipo de seguimiento de
la acción gubernamental no debe descuidarse, ya que puede resultar de gran
utilidad cuando existe un amplio apoyo dentro del Poder Legislativo en favor de
la Convención. Dicho
Así, se sabe que la ratificación de los Acuerdos de
Marrakech, surgidos de las negociaciones de la Ronda Uruguay , en
general sólo ha dado lugar a debates parlamentarios limitados, sin relación con
la magnitud de lo que está en juego y sin conexión con las opiniones públicas,
lo que contribuyó a alimentar las protestas. Se podría pensar, por ejemplo, en
la organización de una conferencia internacional de parlamentarios articulada
específicamente en torno al papel de estos últimos en la aplicación de la Convención. Dicha
conferencia podría examinar medios de acción, tales como la formación de
comités nacionales de parlamentarios deseosos de participar en el seguimiento
de la aplicación de la
Convención o incluso en la redacción de un documento que
explicite el alcance de la
Convención y el papel de los parlamentarios con respecto a
ésta. Estas iniciativas, al favorecer un apoyo político de la Convención , pero
también un control democrático de su aplicación, no pueden sino fortalecer su
legitimidad.
Pero, a pesar de todo, el seguimiento de la aplicación de la Convención por parte de
los gobiernos puede fluctuar con el tiempo en función del interés que los jefes
de Estado y los partidos políticos le presten. No hace falta recordar que el
apoyo de España y de Brasil al proyecto de una Convención sobre la protección y
promoción de la diversidad de las expresiones culturales estaba lejos de
alcanzarse antes de los cambios de gobierno que recientemente se produjeron en
ambos países. Pero también podría suceder lo inverso. De modo que, a fin de
garantizar el seguimiento de la aplicación de la Convención por las
Partes, no hay que contar exclusivamente con los Estados.
Afortunadamente, como ya hemos visto, al reconocer en la Convención el papel
fundamental de la sociedad civil en la protección y promoción de la diversidad
de las expresiones culturales, y al comprometerse a alentar la participación de
esta última en sus esfuerzos en la materia, los Estados se han mostrado
abiertos a una forma de seguimiento de sus acciones a cargo de instancias
externas.
• Seguimiento de la
aplicación de la Convención por parte de la sociedad civilla Convención por parte de
la sociedad civil dependerá, en primer lugar, de su capacidad para obtener
información pertinente de los gobiernos en lo relativo a las acciones que se
proponen iniciar o que ya han iniciado con miras a proteger y promover la
diversidad de las expresiones culturales en su territorio y en el extranjero.
Para obtener dicha información, la sociedad civil podrá hacer valer, además del
Artículo 11 sobre la participación de la sociedad civil, el Artículo 9 referido
al intercambio de información y la transparencia, y el Artículo 10 sobre la
educación y la sensibilización del público. En efecto, puede suceder que los
gobiernos no siempre acepten la idea de transmitir información que, por
diversas razones, consideran confidencial; en este caso, tal vez resulte útil
recordarles los compromisos que han contraído. Pero ello supone, por parte de
la sociedad civil, cierto conocimiento del funcionamiento de la Convención y de los
compromisos de las Partes, lo que no es necesariamente el caso hasta el
momento. Del mismo modo que, conforme al Artículo 10, los gobiernos se
comprometen a propiciar y promover el entendimiento de la importancia de
proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales por medio de
programas de educación y mayor sensibilización del público, las organizaciones
no gubernamentales que trabajan por la defensa de la diversidad 20 de las
expresiones culturales deberían lanzar a la brevedad una campaña de
sensibilización entre sus miembros a fin de que se familiaricen con el
contenido de la Convención
y los medios de utilizarla. Por último, en previsión del día en que los órganos
de la Convención
entren en funciones, la sociedad civil debería comenzar a examinar los aspectos
que desearía que los órganos debatieran en forma prioritaria. Conviene recordar
aquí que el Comité Intergubernamental, de conformidad con su Reglamento
interno, puede invitar en todo momento a entidades públicas o privadas y a
particulares a participar en sus reuniones para consultarlos sobre cuestiones
específicas (Artículo 23 (7)).
En el nivel transnacional
Si bien la acción de la sociedad civil en lo relativo al
seguimiento de la aplicación de la Convención se sitúa ante todo a nivel nacional,
en modo alguno se excluye una acción a nivel transnacional, muy por el
contrario. Desde hace ya varios años, la necesidad de una concertación al
respecto entre las diferentes organizaciones nacionales vinculadas a la defensa
de la diversidad de las expresiones culturales comenzó a hacerse sentir. Dos
razones importantes propician tal iniciativa. La primera se refiere al nivel
muy desigual de organización de la sociedad civil en el mundo y a la necesidad
de asistencia que tienen numerosos países en este ámbito. La segunda se refiere
a la necesidad de contar con visiones comunes a fin de que las Partes promuevan
activamente los objetivos y principios de la Convención en los demás
foros internacionales. La sociedad civil podría apoyarse en el Artículo 12 c)
que establece que las Partes deben procurar fortalecer la cooperación
bilateral, regional e internacional, con miras a crear condiciones que permitan
la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, para, entre otras
cosas, "reforzar las asociaciones con la sociedad civil, las
organizaciones no gubernamentales y el sector privado, y entre todas estas
entidades, para fomentar y promover la diversidad de las expresiones
culturales".
Como ven, todo está preparado para una participación más
activa, desde todo nivel y desde todo ámbito, en la búsqueda de la
implementación de la
Convención que será en beneficio, fortalecimiento y
desarrollo, del sector cultural y por ende de la sociedad peruana en su
conjunto con sus tradiciones y sus expresiones artísticas, sus productos y
servicios culturales que buscan el diálogo y el intercambio entre connacionales
y con el mundo entero.
Nuestro país sería el caso más emblemático, en la región, de
los mejores beneficiados por contar con un instrumento fundacional que le ayude
en la generación de sus políticas culturales (que aún no termina por definir). El
Estado peruano a través de sus órganos competentes, observó la gran oportunidad
de formar parte en el cambio mundial hacia una gobernanza cultural y la
inclusión de la cultura en la resignificación del desarrollo sostenible, por
tanto, presentó a través de Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores
y su órgano representacional en el seno de la UNESCO , su instrumento de ratificación el 16 octubre
del año 2006. La Convención
entró en vigor el 18 de marzo de 2007, de conformidad con el Artículo 29. Las
posibilidades que representa para el Perú asumir la implementación de políticas
culturales partiendo de un marco conceptual maduro, reflexivo y consensuado
como la Convención
son positivos y ayudarían a desarrollar creativamente políticas en el fortalecimiento, protección y promoción de
sus enclenques industrias culturales (cine, libro, música, artes visuales,
moda, etc, etc) y todo servicio cultural desde una visión intercultural, de
diálogo cultural. Perú, uno de los últimos de la región en proclamar al más
alto nivel su institucionalidad cultural, (Ministerio de Cultura creado el
2010), tiene hoy la posibilidad de asumir el reto, diríamos con “empujón”. La
sociedad civil también tiene lo suyo en la implementación de la Convención. Tanto
gobierno y sociedad civil tienen corresponsabilidad en el éxito de la
generación de políticas culturales en el camino del desarrollo sostenible,
equilibrado con los otros aspectos como medio ambiente, economía y sociedad. Por
ello es importante recordar, en palabras del Profesor Ivan Bernier, catedrático
de la Facultad
de Derecho de la
Universidad Laval de la Ciudad de Québec algunas posibilidades de seguimiento de la
aplicación de la Convención por parte de:
"Seguimiento de la
aplicación de la Convención
por parte de los gobiernos
La aplicación de la Convención en el marco de cada una de las Partes
corresponde, en primer lugar, al Poder Ejecutivo. En la medida en que la noción
de seguimiento implica una mirada crítica sobre la aplicación, se puede
comprender que no siempre es fácil para este último hacer un juicio sobre sus
propias acciones, principalmente cuando goza de una discreción considerablemente
amplia en la interpretación del alcance de sus compromisos, como ocurre con los
compromisos llamados de "mejores esfuerzos". A pesar de todo, un seguimiento real dentro de
la estructura estatal es posible en la medida en que existan mecanismos que
permitan ejercer un control político sobre la acción gubernamental (es el caso
particularmente de los mecanismos que son de competencia del ejercicio del
Poder Legislativo – Congreso de la
República , Comisión de Cultura-, como las interpelaciones,
las comisiones parlamentarias, los comités, etc.). Este tipo de seguimiento de
la acción gubernamental no debe descuidarse, ya que puede resultar de gran
utilidad cuando existe un amplio apoyo dentro del Poder Legislativo en favor de
la Convención. Dicho
Así, se sabe que la ratificación de los Acuerdos de
Marrakech, surgidos de las negociaciones de la Ronda Uruguay , en
general sólo ha dado lugar a debates parlamentarios limitados, sin relación con
la magnitud de lo que está en juego y sin conexión con las opiniones públicas,
lo que contribuyó a alimentar las protestas. Se podría pensar, por ejemplo, en
la organización de una conferencia internacional de parlamentarios articulada
específicamente en torno al papel de estos últimos en la aplicación de la Convención. Dicha
conferencia podría examinar medios de acción, tales como la formación de
comités nacionales de parlamentarios deseosos de participar en el seguimiento
de la aplicación de la
Convención o incluso en la redacción de un documento que
explicite el alcance de la
Convención y el papel de los parlamentarios con respecto a
ésta. Estas iniciativas, al favorecer un apoyo político de la Convención , pero
también un control democrático de su aplicación, no pueden sino fortalecer su
legitimidad.
Pero, a pesar de todo, el seguimiento de la aplicación de la Convención por parte de
los gobiernos puede fluctuar con el tiempo en función del interés que los jefes
de Estado y los partidos políticos le presten. No hace falta recordar que el
apoyo de España y de Brasil al proyecto de una Convención sobre la protección y
promoción de la diversidad de las expresiones culturales estaba lejos de
alcanzarse antes de los cambios de gobierno que recientemente se produjeron en
ambos países. Pero también podría suceder lo inverso. De modo que, a fin de
garantizar el seguimiento de la aplicación de la Convención por las
Partes, no hay que contar exclusivamente con los Estados.
Afortunadamente, como ya hemos visto, al reconocer en la Convención el papel
fundamental de la sociedad civil en la protección y promoción de la diversidad
de las expresiones culturales, y al comprometerse a alentar la participación de
esta última en sus esfuerzos en la materia, los Estados se han mostrado
abiertos a una forma de seguimiento de sus acciones a cargo de instancias
externas.
• Seguimiento de la
aplicación de la Convención por parte de la sociedad civil
En el nivel
infranacional
La eficacia del seguimiento de la Convención por parte de
la sociedad civil dependerá, en primer lugar, de su capacidad para obtener
información pertinente de los gobiernos en lo relativo a las acciones que se
proponen iniciar o que ya han iniciado con miras a proteger y promover la
diversidad de las expresiones culturales en su territorio y en el extranjero.
Para obtener dicha información, la sociedad civil podrá hacer valer, además del
Artículo 11 sobre la participación de la sociedad civil, el Artículo 9 referido
al intercambio de información y la transparencia, y el Artículo 10 sobre la
educación y la sensibilización del público. En efecto, puede suceder que los
gobiernos no siempre acepten la idea de transmitir información que, por
diversas razones, consideran confidencial; en este caso, tal vez resulte útil
recordarles los compromisos que han contraído. Pero ello supone, por parte de
la sociedad civil, cierto conocimiento del funcionamiento de la Convención y de los
compromisos de las Partes, lo que no es necesariamente el caso hasta el
momento. Del mismo modo que, conforme al Artículo 10, los gobiernos se
comprometen a propiciar y promover el entendimiento de la importancia de
proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales por medio de
programas de educación y mayor sensibilización del público, las organizaciones
no gubernamentales que trabajan por la defensa de la diversidad 20 de las
expresiones culturales deberían lanzar a la brevedad una campaña de
sensibilización entre sus miembros a fin de que se familiaricen con el
contenido de la Convención
y los medios de utilizarla. Por último, en previsión del día en que los órganos
de la Convención
entren en funciones, la sociedad civil debería comenzar a examinar los aspectos
que desearía que los órganos debatieran en forma prioritaria. Conviene recordar
aquí que el Comité Intergubernamental, de conformidad con su Reglamento
interno, puede invitar en todo momento a entidades públicas o privadas y a
particulares a participar en sus reuniones para consultarlos sobre cuestiones
específicas (Artículo 23 (7)).
En el nivel transnacional
Si bien la acción de la sociedad civil en lo relativo al
seguimiento de la aplicación de la Convención se sitúa ante todo a nivel nacional,
en modo alguno se excluye una acción a nivel transnacional, muy por el
contrario. Desde hace ya varios años, la necesidad de una concertación al
respecto entre las diferentes organizaciones nacionales vinculadas a la defensa
de la diversidad de las expresiones culturales comenzó a hacerse sentir. Dos
razones importantes propician tal iniciativa. La primera se refiere al nivel
muy desigual de organización de la sociedad civil en el mundo y a la necesidad
de asistencia que tienen numerosos países en este ámbito. La segunda se refiere
a la necesidad de contar con visiones comunes a fin de que las Partes promuevan
activamente los objetivos y principios de la Convención en los demás
foros internacionales. La sociedad civil podría apoyarse en el Artículo 12 c)
que establece que las Partes deben procurar fortalecer la cooperación
bilateral, regional e internacional, con miras a crear condiciones que permitan
la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, para, entre otras
cosas, "reforzar las asociaciones con la sociedad civil, las
organizaciones no gubernamentales y el sector privado, y entre todas estas
entidades, para fomentar y promover la diversidad de las expresiones
culturales".
miércoles, 21 de marzo de 2012
Festival de arte y cultura
jueves, 19 de enero de 2012
TPP: NUEVO TLC CON ESTADOS UNIDOS, MÁS SOPA
Gran revuelo mundial ha provocado la polémica propuesta de ley S.O.P.A. que se está discutiendo en el Congreso de Estados Unidos que provocaría, de ser aprobada, un grave atentado contra los derechos humanos en el mundo digital, como hemos denunciado.
Al apagón de la versión inglesa de Wikipedia, se han sumado múltiples campañas en contra de la ley en sitios como Google, Wired, EFF y miles más en todo el mundo. El riesgo de censura de internet que implica S.O.P.A. ha movilizado conjuntamente a usuarios y grandes compañías de la red.
Pero S.O.P.A no es una iniciativa aislada. El gobierno de Estados Unidos actualmente promueve la negociación de un nuevo TLC para los países de la zona Asia-Pacífico, el conocido TPP, cuyo capítulo de propiedad intelectual contiene algunas cucharadas de la misma S.O.P.A.
Así, mientras muchos nos manifestamos en contra del proyecto de ley norteamericano, los gobiernos de Perú, Chile, Nueva Zelandia, Australia, Brunei, Singapur, Malasia y Estados Unidos se encuentran avanzando rápidamente en un nuevo acuerdo internacional que reproduce una de las peores amenazas de S.O.P.A.: la censura de sitios de Internet por eventuales infracciones a los derechos de autor, entregando facultades policiales a los prestadores de servicios de Internet.
Por ello, llamamos a rechazar las negociaciones del TPP promovidas por los Estados Unidos para alcanzar objetivos que puedan afectar los derechos de usuarios y consumidores (nacionales) por exceso de protección de la propiedad intelectual. Otros gravísimos temas también se presentan en este nuevo TLC, como el concerniente a temas farmacéuticos. Esperamos que el gobierno peruano, tal como expresó el presidente Ollanta Humala en su campaña, se encamine en defensa de los intereses nacionales y no acepte nuevas obligaciones en este nuevo TLC con Estados Unidos. El candidato Humala dijo expresamente, revisar el TLC, "afinarlo" para el beneficio del Perú, no dijo firmar un nuevo acuerdo donde el país obtiene menos de lo que anteriormente pudo negociar.
Tal como lo expresan diversos especialistas del tema, una de ellas la ONG Derechos Digitales, sólo a través de una orden judicial expresa es posible retirar o bloquear un contenido supuestamente infractor de Internet, tal como se dispone hoy en las legislaciones sobre propiedad intelectual, tanto en Perú como en Chile, países latinoamericanos empujados y amenazados hoy a beber de esta hirviente SOPA.
lunes, 19 de diciembre de 2011
Colombia aprobó Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales
De acuerdo con Mariana Garcés Córdoba, Ministra de Cultura, “este es un gran logro para el país, porque la diversidad cultural crea un mundo rico y variado que acrecienta la gama de posibilidades y nutre las capacidades y los valores humanos, y esto constituye uno de los principales motores del desarrollo sostenible de las comunidades, los pueblos y las naciones”.
Según Ómar López, consultor para UNESCO en temas de cultura y desarrollo, y estadísticas culturales, "la adhesión a la Convención del 2005 por parte de Colombia es importante porque con ello el país reconoce que los bienes y servicios culturales hacen parte de industrias que aportan a la economía, pero también que estos productos requieren un tratamiento específico dado su carácter cultural”.
Este acuerdo internacional plantea un nuevo marco para la gobernanza y la gestión cultural a través del fomento de políticas y medidas culturales que promuevan la creatividad y faciliten el acceso de los creadores a los mercados nacionales y extranjeros; el reconocimiento y la optimización de la contribución global de las industrias culturales dentro del desarrollo económico y social; la integración de la cultura en las estrategias de desarrollo sostenible y en las políticas nacionales de desarrollo; y la promoción de la cooperación internacional para facilitar la movilidad de artistas, así como el flujo de bienes y servicios culturales.
Por otro lado, uno de los grandes beneficios que contempla la ratificación de la Convención es pertenecer al Fondo Internacional para la Diversidad Cultural (FIDC), formado con el propósito de promover el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza en los países en desarrollo, apoyando proyectos y programas que propicien la creación de un sector cultural dinámico, el diseño de nuevas políticas e industrias culturales, o que refuercen las que ya existen, por medio de la cooperación Sur-Sur y la cooperación Norte-Sur-Sur.
“Con la opción de estar en el Fondo, la sociedad civil puede participar con proyectos culturales para acceder a esos recursos económicos, y convertirlos en realidad, partiendo de la base de que las expresiones culturales tienen un valor, en términos de identidad, patrimonio y diversidad. En ese sentido, Colombia ya está empezando a darles mucha fuerza a las industrias culturales, creativas y a emprendimientos culturales”, afirmó Sandra Velásquez, de la Red Mundial por la Diversidad Cultural, U40.
“La firma de la Convención representa oportunidades para el país, pues Colombia es muy diverso, y con la ratificación se facilitará la cooperación internacional que ayudará a promover y a proteger la expresiones que tenemos en el territorio nacional. Se abre una puerta que facilita la suscripción de convenios, particularmente con Europa y Canadá”, agregó Velásquez.
Actualmente, 118 países, más la Unión Europea, son parte de la Convención. Todos los países de América del Sur, excepto Venezuela, la han ratificado. La Convención complementa la política nacional en materia de diversidad cultural e industrias culturales, áreas que son prioritarias dentro del enfoque de gestión del Ministerio de Cultura 2010-2014.
Para mayor información sobre la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, consultar:
http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-expressions/
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